Las principales entidades de la Iglesia en España han celebrado el anuncio del inicio de un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, una medida que consideran clave para combatir la exclusión social y reconocer la aportación de miles de personas migrantes que viven y trabajan en situación administrativa irregular en el país.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la REDES, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas Española y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, que forman parte del grupo eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
Una regularización extraordinaria como complemento al Reglamento de Extranjería
Las organizaciones consideran que esta regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025. Aunque la normativa ha supuesto avances, sigue dejando fuera a miles de personas que no pueden acceder a las vías ordinarias de regularización.
Entre los colectivos más afectados se encuentran:
Personas sin posibilidad de acreditar dos años de permanencia en España
Personas indocumentadas con trámites administrativos excesivamente rígidos
Personas con discapacidad, enfermedad crónica o en situación de sinhogarismo
Trabajadores sin contrato formal previo por retrasos administrativos
Solicitantes de protección internacional con resolución denegada
Familias con niños y niñas en situación administrativa irregular
Más de 900 organizaciones y 600.000 firmas de apoyo
El proceso de regularización es el resultado de cuatro años de trabajo colectivo en los que han participado más de 900 organizaciones sociales y religiosas. Este esfuerzo permitió reunir más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La iniciativa fue tomada en consideración el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados, con un amplio respaldo parlamentario, reflejo del apoyo social a esta medida.
La irregularidad administrativa, causa directa de exclusión social
Los datos confirman la urgencia de una regularización extraordinaria. Según el IX Informe FOESSA, casi nueve millones de personas migrantes viven en España y el 68% de quienes se encuentran en situación administrativa irregular están en exclusión social.
Además, datos de Cáritas revelan que en 2024 el 47% de las personas acompañadas por la entidad no tenía su situación regularizada, lo que equivale a unas 550.000 personas, una cifra que no ha dejado de crecer desde 2019.
Un paso decisivo hacia una sociedad más justa e inclusiva
Las entidades eclesiales subrayan que la regularización extraordinaria de personas migrantes es una medida de responsabilidad política, ética y social. Apuestan por un modelo de sociedad inclusiva en el que ninguna persona quede relegada a la invisibilidad por su situación administrativa.
