Las próximas elecciones generales se acercan y es momento de trasladar a los partidos políticos nuestras propuestas para construir un consumo más justo y responsable. Unas propuestas que se han hecho llegar a todos los partidos políticos, con algunos de los cuales ya se ha reunido el Departamento de Estudios e Incidencia Social de Fundación PROCLADE, PROYDE y SED. Además, van en consonancia con uno de los principales ejes de la Agenda de Desarrollo Post 2015: el cambio necesario en los sistemas de consumo como medio para acabar con la pobreza en los próximos años.

Basándonos en las recomendaciones a los poderes públicos detalladas en nuestro documento base #ConsumoJusto, hemos elaborado una serie de propuestas políticas que hemos hecho llegar a todos los partidos nacionales con el fin de que las asuman como propias y las incorporen a sus programas y sus líneas de trabajo. Con el objetivo de ser totalmente transparentes en esta tarea de incidencia política, a continuación damos a conocer las propuestas planteadas:

1. Crear una comisión ética permanente de expertos/as que estudien y propongan posibles normativas legales, a implantar progresivamente a nivel estatal, para empresas extractivas, productoras, distribuidoras y de comercialización que operen en el país o fuera de él, basadas en el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las normas internacionales de Comercio Justo. Dicha comisión se encargaría también de hacer propuestas de mejora desde los mismos criterios a otras leyes que fueran debatiéndose. Las personas expertas que formen parte de dicha comisión deberían gozar de independencia de los partidos políticos y para ello su composición podría ser objetivo de pacto consensuado entre los grupos representados en la cámara.

2. Elaborar un marco legislativo que impida a establecimientos de alimentación tirar alimentos con fechas de caducidad inminentes y les obligue a destinar esos excedentes a la venta con precio reducido o bien a entidades de apoyo social (comedores sociales, bancos de alimentos, etc.), incluyendo que las donaciones de alimentos queden excluidas de la posibilidad de desgravación o exoneración fiscal o cualquier otro incentivo para evitar los abusos.

3. Incluir el enfoque de derechos en las recomendaciones alimentarias públicas: en las guías de recomendaciones alimentarias elaboradas desde las instituciones públicas se hará mención especial a los impactos que nuestra forma de consumir alimentos puede provocar en otras poblaciones y territorios (fundamentalmente en aquellos que abastece nuestro mercado). Las recomendaciones alimentarias tendrán en cuenta criterios de soberanía alimentaria y derechos humanos.

4. Incluir en los centros educativos programas y proyectos de Educación para el Desarrollo en clave de ciudadanía global, con especial atención a aspectos relacionados con el consumo responsable y sostenible como elementos transformadores.

5. Fomentar la investigación sobre patrones de consumo y producción alternativos en cumplimiento de los compromisos que demanda la Agenda de Desarrollo Post 2015.

6. Incluir el etiquetado social y de trazabilidad social de los productos para mejor conocimiento de los productos por parte de las personas consumidoras.

7. Exigencia legal a empresas que opten a ayudas y/o subvenciones públicas de:

a) Realización de un informe-reporte no financiero: informar sobre impactos ambientales, sociales y laborales; respeto a los Derechos Humanos; anticorrupción y sobornos; composición de sus órganos de gobierno. Dicha información debe incluir las cadenas de suministro y relaciones de negocio (Directiva Europea Información No financiera).

b) Contar con informes de Responsabilidad Social Empresarial y planes de mejora de la misma.

Al tiempo, poner en marcha una política de incentivos (fiscales, de reconocimiento público, etc.) para que empresas españolas que trabajen en países receptores de Ayuda Oficial al Desarrollo lo hagan desde el respeto a los Derechos Humanos, el medioambiente y con transparencia en sus pagos.

8. Establecer políticas de compras y contrataciones públicas que fomenten el comercio justo y responsable y otros criterios éticos y sociales.

9. Crear una red de asesoramiento a emprendedores bajo criterios de consumo alternativo (economía colaborativa, energías renovables, modelos cooperativos, etc.).

10. Crear un distintivo o reconocimiento de calidad para Centros Educativos que logren desperdicio de alimentos cero, extensible a otros centros públicos (residencias, hospitales, etc.).

11. Impulsar planes y programas de formación y sensibilización ciudadana sobre consumo responsable y comercio justo.

12. Aprobación y puesta en marcha inmediata del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que debería haber sido aprobado y entrar en vigor en enero de 2015.