El pasado 21 de diciembre el Senado aprobó la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global con una amplia mayoría con 260 votos a favor y dos en contra.
Como afirmó el ministro José Manuel Alvares, “la Ley de Cooperación es una ley de todos y demandada por la sociedad, que permitirá a España contar con un sistema de cooperación para enfrentar con eficacia desafíos urgentes: las crisis alimentaria y energética, la emergencia climática, la lucha contra el hambre y la desigualdad. Permitirá una actuación más coordinada, eficaz y transparente, para hacer frente a los desafíos del mundo y seguir apoyando al pueblo de Ucrania, contribuyendo a la paz y al progreso en el Sahel y trabajando donde sea necesario en Latinoamérica”.
Los avances de esta ley son fundamentales y transformadores, articulados en torno a la Agenda 2030 con un enfoque feminista y con el fin de hacer frente a los desafíos medioambientales y de desigualdad económica y de género.
Entre estos objetivos se encuentra la «protección a las mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia sexual y la violencia por razón de género», «los derechos de la infancia y adolescencia con enfoque de género», su «protección frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilación genital femenina», «el acceso libre e igualitario a los servicios sociales básicos» y la promoción de «su participación efectiva en espacios de decisión económicos, políticos y sociales, así como en las operaciones de mantenimiento de la paz y los procesos de paz».
Además, entre los desafíos de nueva redacción destaca la promoción de los derechos de las personas LGTB en todo el mundo para «eliminar la criminalización de la homosexualidad en todo el mundo» y el «apoyo al desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes mediante la lucha contra toda forma de exclusión», así como «la defensa y promoción de sus derechos».
La ley que además de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, se compromete a elevar a rango legal el compromiso de España de destinar a la ayuda oficial al desarrollo el 0,7 % de la renta nacional bruta en 2030.
Por otro lado, el proyecto de ley reconoce «la cooperación descentralizada como una de las señas de identidad y fortaleza de la cooperación al desarrollo sostenible español», así como los «propios sistemas de evaluación de políticas de cooperación» con los que cuentan las Comunidades Autónomas y el resto de actores involucrados. Por ello, se dignifican y reconocen las carreras de las más de 2600 personas cooperantes y profesionales de la cooperación.
Se incorpora además en la sección de «Personas cooperantes y voluntariado» el impulso de la participación de personas con discapacidad. También se estipula que las administraciones públicas «facilitarán la información necesaria y asesorarán a las ONG que operan en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible».
Todo ello refleja una eficacia que aflora con mayor impulso cuando existe trabajo conjunto, diálogo y unión. Por ello, la nueva cooperación española requiere de la promoción de políticas para alcanzar el correcto desarrollo exterior y lograr la adecuada implementación de la Agenda 2030.
