La crisis se está convirtiendo en la excusa de los gobiernos autonómicos para un recorte desproporcionado de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Así, en 2013 se va a situar en torno a los 134 millones de euros, frente al máximo de 464 millones alcanzando en 2008. Unos recortes medios en este periodo del 69% que tienen graves consecuencias para miles de personas empobrecidas, supone el abandono de inversiones ya realizadas en viviendas, escuelas, hospitales… y pone en serio peligro un modelo de Cooperación que ha sido referencia internacional y, con él, la continuidad del trabajo de las ONGD.

Pero al problema de que los fondos destinados por las comunidades a la cooperación internacional son insuficientes desde hace tres años se suma el hecho de que los gobiernos autonómicos ni siquiera cumplen con la mitad de lo presupuesto. Así, en 2011. Y desde entonces, la situación no ha mejorado.

Ante este hecho,  desde las Coordinadoras Autonómicas de ONGD de Desarrollo señalan que “la visión que se ofrece desde los gobiernos autonómicos sobre su compromiso con la cooperación es cada más engañoso”. En este sentido, han señalado que son varias las malas prácticas llevadas a cabo por estos gobiernos y que debilitan profundamente el sistema de cooperación autonómico.

 

Malas prácticas más comunes

– Cada vez es más frecuente que se aprueben convocatoria de subvenciones por importes inferiores a los presupuestados (como lo ocurrido en la Generalitat Valenciana en la convocatoria de cooperación, codesarrollo y sensibilización de 2012); o que las subvenciones no sean otorgadas en su totalidad (durante el año pasado, la Junta de Extremadura adjudicó sólo el 50% de los fondos de estas convocatorias).

Se aprueban convocatorias de subvenciones que no se abonan, generando situaciones de “cooperación ficticia”. Los boletines de las comunidades públicas las subvenciones y los responsables políticos se encargan de publicitar su compromiso solidario; sin embargo, las subvenciones no se pagan, lo que imposibilita la realización de numerosos proyectos (la Generalitat Valenciana debe el 50% de las subvenciones concedidas en 2011 en la convocatoria de proyectos de cooperación).

– Como consecuencia de esta situación, una parte de los nuevos presupuestos no constituyen una nueva asignación de fondos, sino que va destinado a pagar deudas pendientes de la administración con las ONGD.
 

– Junto a todo esto, además algunos gobiernos autonómicos no sólo no sacan convocatoria pública propia sino que han pasado a actuar como socios gestionando fondos de otros donantes como la Unión Europea (es el caso del Gobierno de Canarias).