Ante las elecciones generales, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), que agrupa a 30 organizaciones del sector, ha remitido a los partidos políticos un documento con 7 propuestas de apoyo a este sistema comercial solidario. En el escrito recuerdan que el Comercio Justo es una herramienta eficaz de lucha contra el cambio climático, la pobreza y las desigualdades sociales, económicas y de género. Las medidas planteadas se centran en potenciar el Comercio Justo y en promover el consumo responsable. Además, la CECJ se une a las demandas de otras ONGD y movimientos sociales, para reivindicar un mayor porcentaje para las políticas de cooperación al desarrollo, y la necesidad de una ley que responsabilice a las empresas de sus prácticas abusivas.
Entre las propuestas remitidas por la CECJ a los partidos políticos, destaca la petición de apoyo para el fortalecimiento del Comercio Justo, dado que constituye un aliado para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “El Comercio Justo impulsa un modelo comercial en el que los derechos de las personas y el medioambiente están en el centro de la actividad económica”, explica Alberto Abad, presidente de la CECJ. “Su efectividad en la reducción de la pobreza y las desigualdades y en la lucha contra el cambio climático ha sido avalada por Naciones Unidas y el Parlamento Europeo”, añade.
Otras medidas planteadas van dirigidas a la promoción del consumo responsable y a la concienciación ciudadana sobre los impactos asociados al modelo de producción y consumo imperantes. Así, solicitan la incorporación de estos contenidos en los curriculums de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como en otros espacios y niveles formativos. En esta línea también demandan el fomento de campañas divulgativas a través de los medios de comunicación y de otras vías.
Asimismo, las organizaciones de Comercio Justo reivindican que las administraciones públicas en suscompras y contratos, prioricen los productos que tengan un impacto social y ambiental positivo, y que su elaboración no haya vulnerado derechos esenciales.
Por último, la CECJ se une a las reivindicaciones de otras ONGD y movimientos sociales. Por un lado, solicitan una asignación de un porcentaje presupuestario destinado a la cooperación al desarrollo, llegando al 0’7% en 2030. Asimismo, demandan la necesidad de aprobar una ley que garantice que las empresas respetan los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de producción dentro y fuera de nuestras fronteras. Otros países europeos como Francia o Alemania ya cuentan con una legislación similar.
