Ana es de Perú; llegó hace varios meses, dejando a su familia en su país para buscar nuevas oportunidades aquí y poder apoyar económicamente a los suyos. Comenzó a trabajar en un domicilio cuidando de un matrimonio de personas mayores, pero él trató de abusar de ella y tuvo que dejar el trabajo (una de cada 10 mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados confiesa haber sufrido acoso sexual según el estudio “Violencia Sexual a las Mujeres inmigrantes del sector cuidados” de la Asociación Por ti Mujer de Valencia, una cifra muy por debajo de la realidad por el escaso número de denuncias). Desde hace dos meses trabaja 20 horas semanales en otro domicilio particular, llevando a cabo tareas de limpieza; cobra 450 euros mensuales, es decir, menos de 6 euros la hora. Por supuesto, no está dada de alta (se encuentra en situación irregular), por lo que tampoco tiene contrato de trabajo. Ésta no es una historia aislada, sino que se repite con mucha frecuencia entre las cientos de miles de mujeres que trabajan en este sector.
Limpieza, cocina, cuidado de personas mayores o niños/as, compra, gestión del hogar… Tareas imprescindibles para el sostenimiento de la vida diaria y que se han hecho evidentes gracias a la pandemia, pero especialmente infravaloradas social y económicamente. En España según estadísticas oficiales, hay casi 400.000 empleadas del hogar afiliadas a la Seguridad Social, pero los datos reales son exponencialmente más altos, ya que existe un elevado mercado irregular de mujeres que no cuentan con permiso de trabajo que se dedican a este sector. Esto multiplica las posibilidades de sufrir la precariedad, abuso laboral, explotación y acoso sexual.
Pero aquéllas que tienen la fortuna de ser contratadas de manera legal tampoco ven cómo se igualan sus derechos al del resto de profesiones; aunque parezca increíble, no cuentan con derecho a la prestación por desempleo. Asociaciones, ONGs y colectivos de mujeres llevan años denunciando esta desigualdad; hace unas semanas el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de una trabajadora del hogar de Galicia que denunció a la Seguridad Social por negarle el derecho a paro.
Otra de las reivindicaciones que plantean es la extinción del régimen de interna, equiparándolo a la esclavitud de siglos pasados, al generar una situación de vulnerabilidad, aislamiento y sumisión muy grave que posibilita la vulneración de derechos continua.
Hoy, 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, en Fundación PROCLADE queremos hacer visible esta realidad que acompañamos cada día en nuestra atenciones y orientaciones a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad, y nos sumamos a sus peticiones como única vía para sacarlas de su situación de desigualdad e indefensión.
