Un equipo del programa de Televisión Española “Pueblo de Dios” estuvo durante dos semanas rodando el trabajo de los claretianos y de Fundación PROCLADE en las Diócesis de San Pedro Sula y Atlántida, en Honduras. El segundo fruto de dicho rodaje se pudo ver en directo el domingo, día 30 en ‘La 2′ de RTVE. El reportaje se presentó con el título’ Honduras: mártires de la tierra‘. Así lo cuenta la web de ‘Pueblo de Dios‘
Santiago Riesco / Pueblo de Dios
24.06.2013
Al amanecer del 3 de mayo de 1991, cinco campesinos eran masacrados en El Astillero, al norte de Honduras. Luchaban pacíficamente desde hacía 15 años por un trozo de tierra donde trabajar. Entre los cinco del tres de mayo se encontraba Felipe Huete, Delegado de la Palabra. Un cristiano comprometido que, horas antes de morir asesinado, dejaba escrito en su cuaderno: “La tierra es un don de Dios para compartir con amor”. Antes de enterrar a los cinco muertos llegó un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Honduras para investigar. Según cuentan los misioneros claretianos, ‘en lugar de esclarecer los hechos de la masacre, los militares de la comisión se dedicaron a encubrir el crimen y asustar a los testigos‘.
Han pasado 22 años desde los asesinatos impunes de los cinco campesinos de El Astillero. La comunidad cristiana los recuerda como mártires, como testigos que han dado su vida siguiendo el ejemplo de Jesús. Una vez muertos, su luz se agranda, su testimonio se agiganta, y quedan como reproche permanente para sus asesinos y como modelos de vida para la comunidad. El obispo de la nueva diócesis de La Ceiba ha querido acompañar a su pueblo. Esta parroquia está viviendo un momento muy complicado debido al interés de las compañías mineras y las empresas hidroeléctricas por los recursos naturales de la zona. La celebración de los mártires de El Astillero cuenta este año con una notable presencia de medios de comunicación. Las amenazas de muerte que han sufrido varios miembros de la comunidad ha puesto de nuevo en la agenda informativa la masacre que se vivió hace 22 años en este lugar. Entre los amenazados hay campesinos como César Albarenga, delegados de la palabra como Roberto García, el comunicador Leonardo Guevara y el párroco César Espinoza, misionero claretiano.
Los campesinos se enfrentan ahora a los empresarios mineros que quieren explotar los recursos naturales de la zona sin contar con ellos. La comunidad de Nueva Esperanza es una de las 16 aldeas afectadas por el conflicto minero. Ni el gobierno ni las empresas adjudicatarias han solicitado el permiso de los pobladores de la región para explotar sus recursos naturales. Aquí viven 30 familias, 187 personas, que casi unánimemente se oponen a que una mina a cielo abierto acabe con sus cerros y quebradas. La comunidad se ha organizado para impedir el paso de cualquier persona relacionada con la compañía minera. Las amenazas a algunos de los campesinos no se han hecho esperar. Las 30 familias de Nueva Esperanza llevan más de una década resistiéndose a la minería. Por aquí han pasado empresas extranjeras ofreciendo cantidades desorbitadas para comprar sus tierras. La tentación del dinero fácil ha comenzado a dividir algunas familias. Las negociaciones entre la Iglesia, los empresarios, la comunidad y las autoridades han servido para alcanzar tres acuerdos. El primero es que los representantes de las comunidades visiten algunas minas en Honduras para ver lo positivo y lo negativo de su explotación. En segundo lugar, los empresarios presentarán sus expedientes para comprobar su legalidad. El tercer y último acuerdo es la convocatoria de un cabildo abierto para que los empresarios y las autoridades también escuchen la voz de los campesinos.
Malas noticias
Mientras preparábamos este reportaje llegaban malas noticias desde el sector Florida. El 3 de Junio un policía realizó dos disparos contra Enrique Castillo, un campesino de 79 años. Otro de los agentes también realizó otros tres disparos contra los miembros de la comunidad. Desde el 6 de junio, los vecinos reciben amenazas de muerte y son intimidados por parte de un grupo de civiles fuertemente armados que se han asentado en el área con ayuda de la policía nacional. Los maestros de las escuelas comunitarias de El Carmen y Nueva Esperanza han suspendido las clases por las presiones que ejercen los hombres armados al servicio de los empresarios mineros.
