El tirón de orejas dado por la ONU a nuestro gobierno viene de lejos. Fue el pasado mes de noviembre cuando los Relatores y Expertos Independientes de Naciones Unidas se dirigieron al Ejecutivo mostrando su preocupación por el impacto de las medidas de austeridad en las personas con bajos recursos y también sobre el acceso de las personas migrantes en situación irregular al derecho a la salud. En respuesta, en enero el Gobierno desestimaba las consecuencias negativas de las medidas y justificaba su adopción para hacer frente al déficit financiero del país. Según el Ejecutivo, hasta la fecha se han ahorrado 4.9 millones de euros. Sin embargo, no se menciona el origen de los datos ni la metodología de cálculo de este ahorro. Tampoco se ofrecen datos del potencial coste económico que podría tener limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a determinados colectivos.
Ante esta situación, las organizaciones, la Alianza Española contra la Pobreza (que agrupa a casi mil ONG), Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo y Red Acoge, rebaten los argumentos aportados por el gobierno en su respuesta a Naciones Unidas.
Interpretación errónea del principio de no discriminación
El gobierno argumenta que el el Real Decreto Ley en cuestión no es discriminatorio: señala que este principio “no aplica cuando se establecen diferencias con respecto a la situación administrativa de extranjeros”. En este sentido, las organizaciones recuerdan que el Estado debe garantizar la asistencia sanitaria para todas las personas inmigrantes, con independencia de su condición legal, como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Con respecto al principio de equidad, el Gobierno afirma que las medidas “da efecto inmediato a las demandas internas de mejora de la equidad que exige la ciudadanía” y argumenta que era “necesario racionalizar la asistencia sanitaria incorporando los criterios de equidad a favor de la población más castigada por la crisis económica”. Sin embargo, las organizaciones sostienen que el tiene el efecto opuesto, ya que no solo afecta directamente a grupos en situación de vulnerabilidad -como las personas en situación administrativa irregular, las víctimas de trata, así como a las personas de escasos recursos que sufren de enfermedades crónicas o requieren de tratamiento, y en mayor medida a las mujeres dentro de cada grupo- empeorando su situación de vulnerabilidad; sino que además ha profundizado el acceso desigual a los servicios y medicamentos a nivel estatal.
Desde las organizaciones sociales también denuncian que las personas con VIH han perdido el acceso a métodos de diagnóstico, así como a tratamientos para mantener el estado inmunológico adecuado. Y aunque el gobierno también niega los efectos sobre el acceso a la salud sexual de las mujeres y de las víctimas de trata, las ONG lo tienen claro: las únicas que tendrán acceso a la atención sanitaria serán aquellas que se encuentren en período de restablecimiento y reflexión, lo que se traduce en una limitación en su acceso a servicios de salud.
El tirón de orejas dado por la ONU a nuestro gobierno viene de lejos. Fue el pasado mes de noviembre cuando los Relatores y Expertos Independientes de Naciones Unidas se dirigieron al Ejecutivo mostrando su preocupación por el impacto de las medidas de austeridad en las personas con bajos recursos y también sobre el acceso de las personas migrantes en situación irregular al derecho a la salud. En respuesta, en enero el Gobierno desestimaba las consecuencias negativas de las medidas y justificaba su adopción para hacer frente al déficit financiero del país. Según el Ejecutivo, hasta la fecha se han ahorrado 4.9 millones de euros. Sin embargo, no se menciona el origen de los datos ni la metodología de cálculo de este ahorro. Tampoco se ofrecen datos del potencial coste económico que podría tener limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a determinados colectivos.
