Desde marzo de 2005, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) toma parte en el programa de traslados de inmigrantes subsaharianos del archipiélago canario a territorio peninsular impulsado y coordinado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La participación de CEAR, que consiste en la acogida de estas personas y el asesoramiento social y jurídico, obedece a un imperativo humanitario, pero desde el primer momento esta ONG ha mantenido sus reservas frente a un programa que establece una acogida limitada en el tiempo desde nuestro punto de vista y no prevé la concesión de permisos de residencia y trabajo por circunstancias humanitarias a aquellas personas que no puedan ser devueltas a sus países, si bien al menos sí ha prevenido posibles crisis humanitarias.

Ante el notable aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias, la Administración decidió trasladar a estas personas a territorio peninsular, donde existe un mayor número de recursos para atenderlas, tanto públicos como gestionados por las organizaciones no gubernamentales.

Este programa también se justifica por la imposibilidad de expulsarlas o devolverlas a sus países de origen, bien por la inexistencia de acuerdos bilaterales en este sentido, bien por razones humanitarias (sistemáticas violaciones de los derechos humanos, guerras… en dichos países).

CEAR también quiere puntualizar que la distribución de los inmigrantes trasladados desde Canarias entre las distintas comunidades autónomas obedece a los dispositivos de acogida de las distintas ONG que participan en este programa, principalmente a las plazas disponibles. España, y en concreto Canarias, no está “sufriendo” este año una “ola” o incluso una “avalancha” de inmigrantes, ya que las cifras reales, aunque suponen un notable incremento respecto a 2005, son mínimas para un país que cuenta con una población de 44 millones de personas.

Además, muchas de ellas, después de la acogida, se dirigen a otras naciones europeas. Por ello, CEAR pide a las fuerzas políticas y sociales que hagan un ejercicio de responsabilidad, eviten crear alarma social y renuncien a manipular la tragedia de unos seres humanos.

Por último, frente a quienes argumentan que regularizar a estas personas favorece el manido “efecto llamada”, CEAR recuerda que en los últimos seis años ha habido un progresivo endurecimiento de la legislación de Extranjería y se ha intensificado el control de las fronteras y sin embargo los flujos migratorios hacia nuestro país no han cesado de crecer.

En consecuencia, CEAR solicita al Gobierno y a la Unión Europea que no se limiten a políticas de controles fronterizos y que se involucren de manera activa en verdaderos programas de desarrollo para los países del Sur que desincentiven la inmigración, una auténtica tragedia para estas naciones.

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