Con esta propuesta, que contó con el respaldo de 122 países y un total de 41 abstenciones, nosólo el agua se convierte en un derecho sino también el acceso a los servicios sanitarios básicos.
De esta forma, se pretende mejorar la situación de los más de 2.600 millones de personas que carecen de las instalaciones sanitarias adecuadas, sobre todo retretes. Y es que este hecho, junto con la contaminación del agua, contribuye a que 1,5 millones de niños de los países más empobrecidos mueran anuealmente como consecuencia de enfermedades relacionadas con la falta de salubridad.