El 1 de junio de 2020 entró en vigor en España el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un nuevo derecho social cuya regulación se anticipó debido a la crisis social y económica provocada por el COVID-19. Se idea con el objetivo principal de reducir la pobreza de los hogares, complementando otros ingresos salariales o de otras prestaciones para hacer posible llegar a un nivel mínimo de ingresos, hasta que este nivel pueda obtenerse mediante ingresos propios sin la ayuda de esta prestación económica. Con el IMV se pretende fomentar también la inclusión social, y es precisamente por esto que su carácter es transitorio, por lo que su percepción depende del nivel de ingresos del año anterior y la persona se debe poder incorporar de nuevo al mercado laboral.

En este sentido, está claro que, cuando hablamos del IMV, su posible gestión toca directamente la actividad diaria que llevamos a cabo desde Fundación PROCLADE, ya que desde nuestra área de Acción Social atendemos todos los días a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, especialmente afectadas por la pandemia COVID-19 y, por tanto, susceptibles de solicitar el IMV y de necesitar esta prestación para llegar a un nivel mínimo de ingresos.

El IMV es una prestación no contributiva e intransferible, destinada a la persona que lo solicite, pero entendida como “unidad de convivencia”, y cuyo pago se divide en pagos mensuales y su duración se extiende hasta que se mantengan los motivos que llevaron a su concesión.

Según datos del INSS hasta marzo de 2021 y durante los 9 meses que llevaba en activo se habían recibido 1,15 millones de solicitudes válidas, se habían tramitado 800.000 y de estas 210.000 habían sido aprobadas, un 18% del total solicitado. Teniendo en cuenta estos datos, la prestación media reconocida ascendía a 460€ mensuales y los hogares estaban formados por una media de 2,77 personas. El grupo más numeroso por edades era el comprendido entre 36 y 45 años, y según tipo de unidad de convivencia era el de un adulto y un menor a su cargo, seguido de del caso en que la unidad la forma un adulto solo. Del total más del 70% de los titulares de la prestación son mujeres.

En noviembre de 2021, casi un año y medio después de su puesta en marcha, los datos contrastan con las previsiones de la Seguridad Social, pues de los 2.700 millones presupuestados solo la mitad se ha utilizado por ahora y solo 800.000 personas se han visto beneficiadas, frente a los 2,3 millones que se estimaban. La realidad es que solo 1 de cada 5 hogares que solicitan el IMV logra finalmente obtenerlo, y que tras la importante brecha entre los presupuestado y lo concedido se esconde muchas veces un laberinto burocrático y requisitos muchas veces imposibles de cumplir pero que nada tienen que ver con la situación de extrema pobreza y exclusión social que se esté viviendo.

Es este caso el que más nos hemos encontrado en Fundación PROCLADE durante este último año en el que se ha acompañado a muchas familias (más de 30 familias) en el proceso de solicitud, seguimiento y reclamación del IMV. En la mayor parte de las solicitudes denegadas el concepto tenía su origen en la unidad de convivencia, ya fuera porque la persona solicitante vivía con otras personas empadronadas en el mismo domicilio con las que no tenía vínculos familiares de ningún tipo, o porque vivía con familiares con los que no compartía ingresos ni gastos de ningún tipo.

Los datos de servicios sociales indican que el 60% de las denegaciones están relacionados con los “requisitos de vulnerabilidad“, por incumplir las condiciones económicas, y casi el 10% por causas que tienen que ver con el empadronamiento. Uno de los grandes problemas en la práctica está siendo la falta de empadronamiento o la imposibilidad de tenerlo todos los miembros de la unidad de convivencia en un mismo domicilio. Además, es precisamente este concepto de unidad de convivencia el que está generando más denegaciones por causas que no se corresponden con la realidad familiar y que, aunque son susceptibles de ser reclamados retrasan el proceso durante meses y en muchas ocasiones no llegan nunca a ser aprobados.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) ha elaborado un estudio reciente sobre la implantación del IMV (1), a nivel autonómico y en su primer año de ejecución, en el cual se abordaban tanto sus características y su complementariedad con las Rentas Mínimas Autonómicas, como la realidad que viven las personas afectadas y recomendaciones basadas en las conclusiones extraídas. Estas sugerencias se encuentran alineadas con la propia experiencia de Fundación PROCLADE en este proceso de acompañamiento, entre las que cabría destacar la advertencia de mejorar las cuantías del IMV, agilizar la complementariedad con las rentas mínimas, cambiar la metodología del cálculo de los ingresos de la unidad de convivencia y facilitar recursos ante las denegaciones.

(1) EAPN-ES (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español). El Ingreso Mínimo Vital un año después. La perspectiva autonómica (2021).

Blanca Jericó
Técnica de Acción Social de Fundación PROCLADE