El pasado año se batieron records: en 2015 185 personas fueron asesinadas por su defensa de la tierra. Según datos del informe “Terreno peligroso”, de la ONG People Witness, fue el peor año de la historia en este sentido. El país con mayor número de asesinatos es Brasil, donde perdieron la vida 50 personas. Numerosas ONG españolas trabajan mano a mano con movimientos de defensa de los bosques, ríos y recursos naturales. La labor de acompañamiento que realizan permite ofrecer una mayor protección y dar la voz de alerta internacional cuando se producen las amenazas. No obstante, los y las cooperantes son conscientes de ser una pieza más dentro de un complejo engranaje en el que sus actuaciones son imprescindibles, aunque limitadas. Los distintos actores implicados – gobiernos locales, instancias internacionales, transnacionales…- deben asumir sus responsabilidades.
En este sentido, el varapalo sufrido por la política de cooperación española ha derivado en un debilitamiento de este tipo de actuaciones. Una situación que da cuenta de la falta de responsabilidad política ante la protección de personas y comunidades en situaciones de extrema vulnerabilidad. Los fondos de cooperación deben recuperarse y avanzar hasta el 0,4% en hasta 2019 y 0,7% hasta 2024.
El próximo gobierno debe garantizar que existe una coherencia entre sus políticas de manera que todas ellas contribuyan al desarrollo sostenible en los países en los que actúan. Las empresas multinacionales deben respetar el medio ambiente y los derechos de las comunidades. El expolio de los recursos y la violación de derechos humanos deben perseguirse de manera efectiva. Los asesinatos de activistas medioambientales deben ser investigados para depurar las responsabilidades directas e indirectas de los crímenes. La impunidad debe dejar de ser la norma.
