Desde Fundación PROCLADE, denunciamos la situación que actualmente viven 16 comunidades del departamento de Atlántida (costa norte de Honduras) y solicitamos vuestro apoyo en la difusión y en el trabajo por la paz y la defensa de los derechos humanos.
Os invitamos a leer un extracto del comunicado que este fin de semana han emitido las organizaciones y movimientos involucrados. Podéis encontrar más información y antedentes en el blog de Arizona por su tierra.
“El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MADJ), ante el pueblo hondureño y los pueblos del mundo denuncia y demanda solidaridad militante para defender la vida de las comunidades que dignamente defiende sus territorios en el atlántico hondureño:
Los pobladores de las 16 Comunidades del Sector Florida, municipio de Tela, en ejercicio de sus derechos a la vida, autodeterminación y a un ambiente sano, durante más de 12 años se han organizado para defender los bienes naturales (agua, bosques, aire) y las mismas comunidades en que residen. En este tiempo han tenido que soportar la presencia y asedio de empresarios mineros que han pretendido explotar y destruir la riqueza natural de la zona. Pero la intranquilidad en el más amplio sentido se ha tornado grave desde el 2011 a la fecha, en virtud de la ensañada pretensión de varios empresarios, entre ellos el hondureño Lenir Pérez, quienes mediante la fuerza y violando los derechos de las comunidades pretenden explotar minas a cielo abierto, supuestamente para la extracción de Óxido de Hierro.
Ante el amplio rechazo de la mayoría de la población a la operación de proyectos mineros y de represas en sus territorios, el señor Lenir Pérez con el apoyo de la policía nacional y el alcalde de Tela, ha incrementado la intimidación, amenazas y agresiones tanto a la comunidad, como a los líderes de las organizaciones sociales y eclesiales comprometidas en la defensa del ambiente y sus medios de vida.
La Fiscalía del Ministerio Público y el Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (CONADEH) de la zona, han constatado que los policías asignados al área de conflicto, no tiene libro de registro de novedades o acciones que realizan, lo que denota claramente que estos policías están asignados como agentes privados de los empresarios mineros y que ejercen su función con todo tipo de abuso y sin ningún mecanismo de control.
Los pobladores están recibiendo mensajes de amenazas de muerte e intimidación por parte de los hombres fuertemente armados que se han asentado y se mantienen en el área con ayuda de la policía nacional.
Ante todo este ambiente de terror que presagia más violencia y muerte en las comunidades:
Responsabilizamos de lo sucedido al alcalde de Tela, que en lugar de respaldar a las comunidades ha hecho causa común con los empresarios mineros,.
Responsabilizamos a funcionarios de instituciones del Estado involucrados en este conflicto, en virtud que sus acciones han sido orientadas a desconocer los derechos de las comunidades y favorecer irregularmente a los empresarios mineros.
Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales solidaridad urgente a fin de evitar que la sangre de hondureños y hondureñas continúe siendo derramada por la voracidad de empresarios inescrupulosos, al amparo y protección del gobierno central, del gobierno municipal y la policía nacional de Honduras.
El origen de estos conflictos se encuentra en la aprobación de leyes que permiten y promueven la explotación intensiva e irracional de los recursos naturales que tradicional e históricamente han beneficiado a las comunidades, no respetando su derecho a ser informadas y consultadas sobre cualquier proyecto que atente contra su vida, su forma de vida y su dignidad.’
