COLOMBIA: LA CRISIS HUMANITARIA Y LA EROSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
La situación de Colombia en el plano internacional y sobre todo en Europa ha sido mediatizada notablemente por la situación de la retención y posterior liberación de la ex -candidata a la presidencia Ingrid Betancourt. Situación que es delicada para quienes siguen
El gobierno colombiano ha venido librando una guerra frontal con las guerrillas de las FARC y el ELN; esta guerra se viene desarrollando desde la aplicación de la política de seguridad democrática del actual presidente Álvaro Uribe Vélez. Una de las situaciones que nos llama la atención y que nos preocupa enormemente es que dicha política afecta gravemente y no garantiza las libertades, y los derechos de los ciudadanos ya que se criminaliza y se estigmatiza de terroristas a todos aquellos que exigen el respeto a sus derechos, a la oposición política, a quienes denuncian la violación de los derechos humanos cuya responsabilidad recae sobre miembros del Estado.
En el desarrollo de la política de seguridad democrática y su lucha contra las guerrillas, el ejército colombiano viene asesinando a campesinos o pobladores urbanos para posteriormente presentarlos como guerrilleros muertos en combate a esto se le ha llamado “falsos positivos”. Esta situación se ha venido evidenciado porque el número de victimas cada día es mayor.
Se evidencia que la lucha contra insurgente del Estado no está dirigida contra las guerrillas sino contra la población civil, logrando así un control social a partir del terror y la violencia, de manera que los campesinos siguen siendo víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales.
Durante los últimos años y sobre todo en los últimos meses hemos asistido a la deslegitimación publica de toda oposición política y social, de labios del mismo presidente. Sin pruebas y sin derecho a la defensa, éste ha acusado delante de los medios de comunicación de ser terroristas a defensores de derechos humanos, líderes campesinos, educadores, periodistas, sindicalistas, militantes de partidos políticos de oposición. Estas falsas acusaciones han tenido su efecto dentro de la lógica del control paramilitar existente en Colombia, como sucede por estos días en que los indígenas del Cauca han salido a reclamar su derecho a la tierra . La respuesta del gobierno ha sido la de decir que esa es una marcha de la guerrilla.
Los grupos paramilitares, solos o con la complicidad de las fuerzas militares, son responsables de más de 15.000 desaparecidos, han asesinado más de 1.700 indígenas, 2.500 sindicalistas y cerca de 5.000 miembros de la extinguida Unión Patriótica, y son responsables de la existencia de más de 3.000 fosas comunes y de muchos cadáveres arrojados a los ríos. Entre 1982 y 2005, los paramilitares han perpetrado no menos de 3.500 masacres y han robado más de 6 millones de hectáreas de tierra. Desde el año 2002, luego de su supuesta desmovilización, han asesinado a cerca de 600 personas cada año. Lograron controlar el 35% del Congreso nacional y numerosos para-políticos (1) continúan ejerciendo cargos públicos o diplomáticos. Hoy son 63 congresistas vinculados en estas investigaciones, 31 están encarcelados actualmente. El más reciente Mario Uribe, primo del presidente de la República, se atrevió a pedir asilo político a Costa Rica para evadir su responsabilidad y la vinculación a esta investigación de la actual presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez.
(Ver artículo de Justicia y Paz en Colombia)
Con estas cifras podemos dimensionar las consecuencias de las acusaciones públicas que el ejecutivo y asesores presidenciales han hecho sobre quienes han venido exigiendo en Colombia la reconstrucción de un Estado de derecho que garanticé las libertades de los ciudadanos.
En sus cinco apartados, la Comisión resalta aspectos de preocupación sobre el proceso de “desmovilización”, la aplicación de la ley 975 para la “justicia y la paz”, la ausencia de garantías para las víctimas, las violaciones de derechos humanos que indican la responsabilidad directa del Estado, la situación de las comunidades indígenas, afrocolombianas, de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La CIDH observa que, pese a las iniciativas estatales por la “pacificación” en Colombia, “las manifestaciones de violencia perviven junto a los esfuerzos desplegados a fin de desmovilizar a los grupos armados al margen de la ley, y los intentos por administrar justicia, los cuales deben demostrar resultado en términos de efectividad, reparación integral y remoción de los factores de violencia”.
La situación actual manifiesta no solamente una grave crisis humanitaria en la que están sumergidos casi 4 millones de desplazados. Colombia es el segundo país en crisis humanitaria y desplazamiento después de Sudán y otros millones de colombianos viven en la extrema pobreza. Además, esta situación evidencia la erosión del Estado de derecho, así como la profunda crisis institucional. Se puede ver con claridad cómo los vínculos del ejecutivo y el legislativo con la mafia del narcotráfico han logrado instaurar en Colombia un modelo paramilitar que controla no sólo militarmente, sino que se ha apoderado de la conducción política del país.
(Ver artículo de Justicia y Paz en Colombia)
Expresiones y voces de la comunidad internacional, como El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, han manifestado su preocupación frente a la actual situación que vive Colombia, y en concreto frente la manifestación que vienen haciendo los indígenas en el Departamento del Cauca. En una carta dirigida al Presidente de la República, afirma: “Cuando participé hace unos meses en el Tribunal de los Pueblos en su país, pude tomar contacto con la terrible situación de violencia e intimidación que sufre gran parte de los luchadores sociales y las diferentes comunidades indígenas.” (Ver carta completa ).
La situación colombiana es bastante delicada, distintos sectores de la sociedad han salido a las calles a exigir el respeto a la vida, mejores condiciones de vida, el conflicto social se agudiza, los trabajadores del sector judicial reclaman mejores condiciones laborales y sobre todo, independencia y autonomía para ejercer su labor ya que el poder ejecutivo los condiciona a través del manejo presupuestal, los trabajadores de la caña de azúcar exigen condiciones dignas para su trabajo, seguridad social adecuada y estabilidad laboral, pero la respuesta siempre ha sido la misma, militarización y represión.
(Ver artículo de Justicia y Paz en Colombia)
En estos últimos días han sido asesinados tres indígenas que participaban en una manifestación pacifica
En ese clima de represión y persecución el pueblo colombiano, las víctimas de crímenes de Estado, las zonas humanitarias, los sindicatos los defensores de derechos humanos, los movimientos indígenas y campesinos han logrado construir propuestas que luchan contra la impunidad, en construcción de la justicia, la verdad y la reparación integral , como por ejemplo la constitución de una Comisión Ética Internacional (2) para Colombia que acompañe a estas comunidades y grupos a salvaguardar la memoria de los crímenes para que cuando se den las condiciones se pueda hacer un juzgamiento y condena a los responsables de crímenes de Estado en Colombia.
Henry Ramírez Soler cmf
Misionero Claretiano,
Defensor de derechos humanos
Estudiante de Master II en sociología
EHESS, Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, Paris – Francia
Notas:
(1) Desde el 2006, numerosos escándalos han hecho evidentes que decenas de políticos, incluyendo parlamentarios, gobernadores, militares y otros agentes estatales tienen nexos estrechos con los grupos paramilitares.
(2) Entre otros miembros se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz, Movimiento de Trabajadores Rurales de Brasil, MST Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora- Argentina, Francois Houtart, Centre Tricontinental, Bélgica, Enrique Nuñez, Comisión Etica contra la Tortura-Chile, Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nurnbirg, Alemania, Liz Deligio, School of the Americas Watch, SOAW, Usa, Charity Ryerson, School of the Americas Watch, SOAW, Usa,Miguel Alvarez, Verapaz, Comisión de Paz de México, Libertad Sánchez, Asociación por la Recuperación de la memoria histórica de Mérida, España, Coalición de los Pobres, Usa, Francia- América Latina.