El pasado domingo 18 de julio, uno de los acuerdos más importantes en la historia de la lucha contra el hambre cumplió 5.000 días. Entonces, el 13 de noviembre de 1996, en el marco de la I Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, los Estados mimebros de la FAO firmaron la Declaración de Seguridad Alimentaria. Entre otros acuerdos, se comprometieron a reducir a la mitad el hambre a la mitad para 2015.

Sin embargo, en vez de reducirse a lo largo de estos 5.000 días, el hambre ha aumentado un 25% desde el acuerdo. En el año 2009, había 1.020 millones de personas hambrientas en el mundo. Además, aproximadamente otros 2.000 millones padecían lo que se conoce como ‘hambre oculta’, con carencias severas de micronutrientes que dificultan el desarrollo de sus capacidades y funciones vitales.

Por eso, desde la campaña ‘Derecho a la Alimentación. URGENTE’ y bajo el lema ‘5.000 días de incumplimiento’ se hace un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice y exiga el cumplimiento de este acuerdo. Entre otras propuestas, animan a enviar un mensaje al presidente del Gobierno en el que se le inste a adoptar un papel activo en la lucha contra la vulneración de este derecho humano.

Para hacerse oir en ese sentido, cientos de personas se reunieron el 18 de julio en la Plaza del Museo Reina Sofía de Madrid para realizar una platada. Todos ellos golpearon platos de comida para recordar que los acuerdos están incumplidos y que el hambre no es un problema de falta de alimentos sino de ausencia de acuerdo y voluntad política.

Un derecho urgente

La iniciativa ‘Derecho a la Alimentación. URGENTE’ en la que Fundación PROCLADE como miembro de REDES ha colaborado, tiene cuatro objetivos fundamentales:

1. Efectividad del derecho a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria

2. Respeto, protección y garantía del derecho a la alimentación como derecho humano fundamental

3. Revisión de políticas públicas y dotación de suficientes recursos para garantizar la efectividad del derecho a la alimentación

4. Las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad internacional deben respetar el derecho a la alimentación