Hoy el mundo celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Las Naciones Unidas dicen que “la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos”, razón por la que señalan que se defienden “los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género, o los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes” y se promueve “la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad” . Precisamente, por por todos estos motivos, el tema que la ONU ha elegido este año 2020 se centra en la lucha contra las desigualdades e injusticias que aún arrastra nuestro mundo, y lo refleja en las siguientes palabras: “Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social”.[1]
Desde Fundación PROCLADE, siempre hemos tenido claras estas afirmaciones, y en cada acción que llevamos a cabo, trabajamos por la Justicia Social como motor que es para el desarrollo y la dignidad humana. Todo ello sin olvidar, además, su estrecha vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con aquellos que trabajan en la erradicación de la pobreza y el hambre, la educación de calidad, la igualdad de género, la producción y el consumo sostenibles, el cambio climático y la garantía de un empleo y una vivienda digna para todos y todas.
Todos estos principios y valores han sido desde nuestra fundación centrales en todos y cada uno de los proyectos de cooperación para el desarrollo que hemos implementado en países de todo el mundo, pero además estos objetivos han sido y son claves también en nuestra labor diaria, siendo por tanto para nosotros y nosotras un elemento esencial en nuestras acciones de sensibilización, educación para el desarrollo, voluntariado y en nuestra apuesta por el consumo responsable y por el comercio justo.
En este sentido, ahondando en todos estos temas, y con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, también la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha difundido el reciente informe titulado “Hacia la sostenibilidad de las cadenas de suministro del cacao: opciones de regulación para la UE”, en el cual, haciendo hincapié en lo mucho que nos queda por trabajar en cuanto a justicia social, se detalla, entre otros aspectos, que “la mayoría de las personas que cultivan cacao siguen viviendo en la pobreza. En Costa de Marfil, principal país productor, las familias cacaocultoras cobran, de media, ingresos que no llegan al 37% de la renta mínima de subsistencia”. [2]
Para conocer más de este informe, se puede acceder a él a través del siguiente enlace.
