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POR UNA REGULACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES RESPETUOSA

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En estas fechas se cumplen dos años del lanzamiento de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Su demoledor mensaje, inspirado en S. Francisco de Asis,  advierte sobre “hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (LS10) con todas sus implicaciones políticas y estructurales. Desde esa inspiración tal día como hoy hace un año lanzábamos la campaña “Si cuidas el Planeta, Combates la Pobreza” desde la iniciativa Enlázate por la Justicia que REDES, de la que formamos parte, comparte con Cáritas, CONFER, Justicia y Paz y Manos Unidas.

Es por esto que en el día de mundial del Medio Ambiente, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario – REDES en nuestro empeño por trabajar en favor de las personas más pobres, vulnerables y excluidas del planeta, queremos poner en el centro de las políticas públicas la relación ineludible entre pobreza y no acceso a Derechos Humanos, desarrollo y medio ambiente.

Crisis socio-ambiental e industrias extractivas: responsabilidad española.

En esta línea de trabajo compartida con Enlázate por la Justicia y, ya anteriormente dentro de la campaña “Africa cuestión de vida, cuestión debida”, REDES ha venido participando junto con otras entidades del tercer sector en la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas que culminó en julio de 2014 sin aprobación final.

La resolución 17/4 de Naciones Unidas sobre los Principios Rectores de empresas y Derechos Humanos recomienda a los estados miembros garantizar que sus empresas, sus filiales, proveedores, subcontratistas y cadenas de suministros respeten siempre y en todo lugar los Derechos Humanos y reparen los daños causados por la contravención de estos Derechos.

En este momento, la aprobación de este Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos se encuentra a la espera del correspondiente debate parlamentario dentro de una Proposición No de Ley junto con el Plan Nacional de Derechos Humanos. Exigimos el debate y posterior aprobación de un texto que en su actual redacción no incorpora muchas de las observaciones ya indicadas por el sector en la legislatura anterior.

Minerales en zona de conflicto: un paso necesario para “la Europa de los valores”.

Abriendo el foco hacia el contexto europeo, REDES ha venido participando en el grupo español de la coalición de ONG ante la UE que ha seguido la publicación de la directiva europea en relación con los tristemente famosos #conflictminerals: un nuevo ejemplo de crisis socio-ambiental que vincula el modelo global de producción y consumo y sus consecuencias sobre las personas y el planeta.

La nueva ley europea establece obligaciones de diligencia debida en la cadena de suministro de los “minerales de conflicto” (tántalo, estaño, wolframio y oro, 3T+G por sus siglas en inglés) originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo. Las entidades que hemos acompañado el proceso, hemos presentado recientemente observaciones a la redacción aprobada del reglamento. Su progresiva aplicación requiere un seguimiento por parte de la sociedad civil y la implicación del Gobierno español que ha refrendado la Guía de la OCDE en la que se basa la normativa europea.

La derogación por el gobierno Trump de parte de la ley Dodd-Frank, homóloga de la norma europea en Estados Unidos, convierte en crucial el papel de la Unión Europea y de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el que España aspira a renovar su presencia. La ley establecía que las empresas de Estados Unidos que empleasen minerales procedentes de países en conflicto deberán tomar medidas para garantizar que no tienen fuentes de abastecimiento involucradas en actividades armadas, ni de violencia sexual y de género, ni explotación infantil. Lamentablemente, tras 7 años de aplicación y significativos avances en la transparencia de las grandes corporaciones, Europa se queda sola en este tipo de iniciativa.

Sobre el terreno: población local y entidades de cooperación.

En este contexto, las normativas que se logren aprobar deben ir acompañadas de procesos de diálogo empresa – autoridades - sociedad civil que conduzcan hacia planes de explotación y recuperación integrales y concertados. Esto es, integrales en cuanto que contemplen medidas sociales y ambientales que garanticen el respeto a los derechos humanos y del medio ambiente y cubran el proceso completo durante y tras la explotación. Y por otro lado concertados con la población local, lo que requerirá la participación de entidades mediadoras que garanticen el respeto a los deseos y derechos de la población por encima de los intereses de las autoridades y la empresa.

En este sentido puede ser significativo el papel de las entidades de cooperación de cara a garantizar procesos de empoderamiento y desarrollo de capacidades para la gobernanza de la población local; el aporte de observadores técnicos independientes; y, por último la labor de mediación que favorezca el entendimiento de las partes. El logro de procesos exitosos ganar-ganar que permitan visibilizar buenas prácticas puede ser un catalizador que facilite el desarrollo de normativas pertinentes y su aplicación.

Recuperando las fuentes de inspiración.

Ante “situaciones (que) provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo”.”Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables” (LS53), “hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables” (LS173).

A pesar de que siempre habrá quien ponga palos en las ruedas a los procesos globales de este necesario cambio de paradigma, queremos quedarnos con estas palabras del Papa Francisco  llamando la “unidad para hacernos cargo de la casa que se nos confió” y animándonos a “que nuestras luchas y preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza” (LS244).